La dependencia crece en España y cada año más familias necesitan cuidados de larga duración. Entre 2022 y 2025, las solicitudes han seguido aumentando y, aunque también lo han hecho las resoluciones con prestación, el ritmo del sistema no llega a cubrir toda la demanda; sigue habiendo esperas, demoras y ayudas que no alcanzan el coste real de los cuidados.
Solicitudes y resoluciones (visión de hogar)
El volumen de solicitudes acumuladas y de beneficiarios con prestación efectiva confirma que la dependencia es ya una realidad cotidiana en muchos hogares. Aun así, el desfase entre lo que se pide y lo que se concede mantiene a miles de familias en una complicada situación durante meses, obligándoles a organizar y pagar cuidados desde el primer día.
Duración media: la espera que paga la familia
La duración media de tramitación ronda el año (más de 340 días). Eso significa que, mientras llega la ayuda, la familia debe sostener con recursos propios a un cuidador, adaptar la vivienda o asumir estancias temporales. Esta espera no solo es emocionalmente exigente, sino que tensiona el presupuesto del hogar de forma continuada.
Coste por cuidado familiar: ayudas muy por debajo del gasto real
La prestación para cuidados en el entorno familiar (PECEF) tiene un importe medio que ronda los 260–270€ mensuales según el año, muy por debajo de lo que cuesta un cuidador a domicilio (fácilmente superan los 1.000€/mes). En la práctica, la ayuda pública alivia, pero no cubre: el grueso del coste en este ámbito.
Residencias: una brecha mensual difícil de sostener
En residencia (Grado III), la ayuda pública se sitúa en torno a 579€/mes (2025), frente a 1.500–2.000 €/mes de coste real. La brecha de 900–1.400€ mensuales la debe asumir la familia, de forma sostenida en el tiempo. Para muchos hogares, este diferencial marca la diferencia entre poder elegir el recurso adecuado o renunciar a este tipo de asistencia.
Conclusión
Los datos de 2022–2025 muestran un patrón claro: más demanda, más beneficiarios, más esperas y cuantías insuficientes frente al coste real de los cuidados. El resultado es una descobertura estructural que obliga a planificar con antelación cómo sostener los cuidados -en casa o en residencia- sin comprometer su estabilidad financiera.
