La mejora de la esperanza de vida en España en los últimos años es, sin lugar a dudas, una de las más claras evidencias del desarrollo socio-económico de nuestro país. No obstante, una “esperanza de vida” superior a los 83 años supone la aparición de nuevos retos en un colectivo cada vez más numeroso (más de 9 millones de pensionistas) tanto en el ámbito absoluto como relativo.
La expresión “vivir más, pero ¿mejor?” se presentó ya a principios del presente siglo como un reto que nos obligó ya en el 2006 a aprobar la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia (en adelante, la Ley de Dependencia) por Ley 39/2006, con el fin de garantizar a los ciudadanos un marco estable de recursos y servicios para su atención y completar de ese modo la acción protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social.
Para ello, se creó el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante, el SAAD) que gestiona el conjunto de servicios y recursos establecidos a tal efecto y en el 2007 se reguló el seguro de dependencia.
No obstante, pese a la criticidad de la materia, el desarrollo del sistema público (por infradotación presupuestaria) y, por ende, de los instrumentos privados de cobertura (exclusivamente disponibles en unas pocas compañías especializadas en la protección de personas) ha sido absolutamente insuficiente para la consecución de los objetivos requeridos por la ciudadanía en este ámbito.
El estado de situación de la dependencia en España, según informa el SAAD a 31 de agosto de 2024, presenta las siguientes claves:
En consecuencia, el ínfimo nivel de desarrollo público de la dependencia obliga a identificar y valorar las posibilidades de protección existentes en el mercado asegurador, resultando imprescindible contar para ello con la colaboración de un profesional especialista en la materia.
